El agrio debate de los menores 'criminales'

Habría que encontrar un camino que obligue a estos chavales a someterse a un proceso de reeducación moral, con seguimiento de instituciones judiciales

Las violaciones cometidas por menores en dos pueblos de Córdoba y Huelva han removido los cimientos de nuestra concepción de la responsabilidad y sus límites. El debate nos devuelve al viejo conflicto entre la moral y la ley. Mientras el cristianismo apela desde sus orígenes hace dos mil años a la culpa del pecador desde que posee conocimiento cierto de sus acciones (en la práctica, desde la primera comunión) y le empuja a pedir perdón, cumplir un castigo en forma de penitencia y hacer 'propósito de la enmienda', la justicia basada en conceptos de la Lex romana de la misma época eleva la mayoría de edad a los 18 años con el listón de la 'imputabilidad' de los hechos a los 16 años y a los 14 como excepción.

Los horribles hechos ocurridos en Isla Cristina y Baena cuestionan las bases del tratamiento de los menores en la legislación española. En caliente se alzan voces pidiendo mano dura con los agresores. Y no faltan razones para escandalizarse de que los presuntos culpables de haber destrozado la vida de dos niñas puedan quedar sin castigo y sin rehabilitación. Pero también sabemos que cambiar las normas al socaire de crímenes dolorosos puede aplacar de momento la ira de la opinión pública sin aportar soluciones válidas a largo plazo. Y la ley se aprueban con la intención de perdurar.

Ojalá sirva tanto dolor para abordar con decisión una norma ajustada y madura para el tratamiento de los crímenes cometidos por niños de menos de 14 años: un nuevo marco legal que no deje en manos solo de los padres la responsabilidad por los desmanes de sus hijos, ya que los hechos han demostrado su incapacidad para inculcarles los valores morales elementales de respeto a los otros. Habría que encontrar un camino que obligue a estos chavales a someterse a un proceso de reeducación moral, con seguimiento de instituciones judiciales; sin privarles de libertad, porque son menores, pero asegurándose de que reciben todos los tratamientos psicológicos, sociales, educativos y familiares para reconducir su comportamiento.

Por desgracia, lo que llega a los medios de comunicación está lejos de ese debate profundo pero sosegado que estos casos requieren. Llevamos camino de desperdiciar otra oportunidad.