Alcaldes en los juzgados

Esta situación, insostenible, dará paso a un sistema más transparente en la gestión económica de los partidos políticos, de forma que impida su financiación irregular y, consecuentemente, las mordidas de los corruptos

En España se cuentan 17 alcaldes condenados por corrupción, generalmente relacionada con asuntos urbanísticos. Un número mayor están inmersos en procesos judiciales. En España existen más de ocho mil alcaldes. La sensación generalizada, sin embargo, es que vivimos en un mar de corrupción y fango del que no escapa ningún político.

¿A qué se debe esa conciencia generalizada tan negativa en la consideración de la clase política? Sin duda no existe una sola respuesta, así que sistematizar causas y efectos siempre será un ejercicio de escaso rigor científico. Una aproximación al efecto mediático que se está produciendo desde que surgió el escándalo Gurtel, con intervenciones judiciales contra determinados alcaldes y concejales, nos lleva a las siguientes consideraciones, que ni explican ni agotan el asunto pero que al menos nos pueden facilitar un punto de apoyo para la reflexión.

España es un país donde la picaresca forma parte del paisaje. Aquí siempre se ha alabado al pícaro, al que es capaz de sortear la ley en beneficio propio. No es asunto inherente a la democracia, ni muchísimo menos. En la dictadura franquista todavía era peor, porque se partía del convencimiento generalizado de que las cosas eran así, y punto. A tal extremo llegaban la situación, debía de ser era tan común el cobro de la dádiva, que un ministro del gobierno en la transición, de UCD para más señas, llegó a confesar que él siempre había creído que los alcaldes tenían derecho legal a cobrar el uno por ciento de las obras que realizaba el Consistorio. Salió de su error cuando comenzó a tratar con alcaldes en su condición de ministro de Administraciones Públicas.

En aquella época los alcaldes y concejales no tenían sueldo, lo que significaba que trabajaban por amor al arte o se lo llevaban por otros caminos y no en nómina.
Con la Transición, tras la muerte de Franco, los partidos políticos emergen en España sin capital propio y con mínimas aportaciones de los fondos públicos para su funcionamiento. Esa situación provoca que los afiliados con mayor poder y representatividad social se convirtieran en recaudadores, mediante una sibilina fórmula que confundía la generosidad del que pagaba para ayudar a la incipiente democracia con el chantaje. Empresarios afines a la derecha tradicional, pura y dura, no dudaban en donar algún dinero a los partidos de la izquierda más radical por si acaso conseguían representación en alguna institución.

Nadie tenía rubor alguno en confesarlo. "Yo nunca pediría dinero para mí, pero desde luego no tengo ningún reparo en pedirlo para el partido", confesaba entonces un político con la conciencia totalmente tranquila. Y España ha seguido así, sin regular la financiación de los partidos.

Después se "institucionaliza" la figura del recaudador. Las empresas pagan y lo hacen sin tapujos, ingresan el dinero en los números de cuentas bancarias que facilitan los partidos. Tan fácil era esta práctica, que un concejal del PSOE comunicó a determinadas empresas un cambio de cuenta. Era suya, personal, y llegó a desviar doce millones de euros, entonces unos dos mil millones de pesetas, en su propio beneficio. Surgen por entonces los escándalos Filesa y Naseiro, que afectaron al PSOE y al PP, y que obligaron a todos a ser más cautos en estas prácticas.

La cautela, el mayor oscurantismo, llevó también a que se generalizara abiertamente la mordida. El donativo llegaba al recaudador sin recibo alguno, como es lógico, y resultaba imposible contrastar si todo lo que recibía el partido era lo pagado o faltaba algo. Seguramente al principio el simple regalo, una sortija para la esposa de la que hacía gala un alcalde ante varios comensales, o para la amante, algún "detalle" personal... Pero cuando se manejaba dinero, nada impedía que lo que se quedaba en el bolsillo del recaudador fuera la parte más importante.

La etapa de vacas gordas que ha vivido España, con cantidades ingentes de dinero que ha movido la especulación urbanística, ha propiciado que aquellas mordidas iniciales se hayan convertido, según los jueces, en suculentos e ilegales negocios perfectamente organizados. Y comienza a hablarse de tramas. El dinero sale directamente de la administración pública que el partido controla, de los impuestos, del bolsillo de los ciudadanos. El circuito es corto. El dinero llega a quien hace una obra o a una fundación social que organiza conciertos, que de todo hay, quienes a su vez lo entregan al recaudador del partido, que hace su propia distribución de acuerdo con su conciencia.

La creación de una figura especial para castigar estros delitos, la Fiscalía Anticorrupción, la mayor preparación de jueces e investigadores policiales en los asuntos económicos, la mayor conciencia social de este tipo de delitos, han hecho aflorar asuntos que antes no eran tenidos en cuenta, o sobre los que se extendía un velo tácito de ignorancia y hasta de comprensión.

La imagen no puede ser más lamentable. Venerables alcaldes que hasta ahora lucían banda cruzada sobre el pecho y vara de mando con mango de nácar, entran en los juzgados y en las cárceles. Seguramente esta situación, insostenible por mucho tiempo, dará paso a un sistema más transparente en la gestión económica de los partidos políticos, de forma que impida su financiación irregular y, consecuentemente, las mordidas de los corruptos. Al mismo tiempo, serán liberados también los empresarios de la extorsión a la que son sometidos.