La cata a ciegas del funcionario público

Atendiendo únicamente a la inteligencia y diligencia del futuro trabajador, ya tiene, pues, un antecedente no sólo legal sino operativo en Francia

Francia pretende revitalizar una ley del año 2006, que nunca fue desarrollada, con el fin de propiciar la igualdad de las personas a la hora de optar a un puesto de trabajo. La Ley fue aprobada en su día con la pretensión de evitar la discriminación por razones de raza, sexo y cualquier otra circunstancia. La realidad es que esta normativa no se ha aplicado mucho y únicamente es ahora cuando cincuenta grandes empresas del país vecino se han comprometido a realizar una primera selección de personal en base al curriculo del futuro trabajador donde no figuren datos sobre aspectos personales, ni siquiera el nombre, y sí únicamente los méritos laborales que pueda acreditar.

Un sistema de selección de estas características podría resultar interesante para aplicarlo en España en la contratación de funcionarios. Suelen ser habituales las denuncias de personas que opositan a puestos de la Administración y que se sienten engañadas, en desventaja frente a candidatos con apoyos ajenos a los preceptos de mérito e igualdad que avalan nuestras leyes pero que no siempre garantizan.

El asunto no es menor, porque en España todo el mundo quiere ser funcionario. Existe el convencimiento social de que el empleado público tiene dos ventajas: seguridad en el empleo y poco esfuerzo. Y una desventaja, los sueldos son pequeños y además no se mueven mucho a lo largo de la vida laboral si el empleado público en cuestión no promociona hacia otros puestos.

Se está registrando ahora un cambio. Los sueldos en la empresa privada son cada vez más reducidos, abunda el mileurismo e incluso algunos hasta consideran privilegiados a quienes logran sueldos de mil euros netos al mes y las correspondientes pagas extraordinarias.

Un anuncio puede sintetizar perfectamente el ambiente social existente, si tenemos en cuenta que la mayoría de las proclamas publicitarias llevan implícito el mejor de los estudios sociológicos. Una academia privada se anuncia con un reclamo contundente: "Ven, prepara oposiciones y deja de preocuparte por el paro". Un trabajo con sueldo de la Administración se convierte así en el imaginario colectivo en un diamante, esa joya que también la publicidad garantiza con valor para toda la vida.

El asunto no es menor, porque en España existen en la actualidad 2.700.000 funcionarios, a los que se añaden un millón más de personas que trabajan para empresas públicas o subcontratadas por las administraciones. Es decir, que 16 de cada cien trabajadores en España tienen sueldo que se paga con los impuestos de los españoles. Dicen los informes oficiales que es la tasa más elevada de Europa.

Pero es que, además, la progresión ascendente no cesa. Un dato elocuente. Mientras que la crisis ha destrozado más de cinco mil empleos diarios, las administraciones públicas han contratado diariamente a 120 nuevos empleados. Y eso que la Administración en general recauda menos que en tiempos de bonanza económica. Los ayuntamientos están al borde de la quiebra porque han adaptado sus costes de personal a los ingresos de los últimos años, muy elevados debido a las aportaciones directas e indirectas del sector de la construcción, mientras que ahora esa estructura resulta insoportable.

La cata a ciegas del funcionario público, atendiendo únicamente a la inteligencia y diligencia del futuro trabajador, ya tiene, pues, un antecedente no sólo legal sino operativo en Francia. Cuestión diferente es en qué quedaría la famosa red social que frecuentemente se constituye en eje, principio y fin de la actividad política.