Idiomas excluyentes para futuros excluidos

Castilla y León será la comunidad autónoma más beneficiada de las trifulcas políticas periféricas.

Las comunidades autónomas con dos lenguas oficiales, el español y la suya propia, avanzan a pasos acelerados hacía la exclusión de la primera. El debate intensificado en las últimas semanas debido a la campaña electoral, pone en evidencia que Galicia y el País Vasco apresuran sus pasos para llegar a una posición de enroque que limita sus propias posibilidades de comunicación y que, a la larga, limitará también el desarrollo económico. Estas posiciones cerriles de imposición de una lengua que, según los casos, pueden hablar entre dos y seis millones de habitantes, sobre el español que hablan cuatrocientos millones, sitúa en una situación inmejorable a las regiones españolas capaces de atender la demanda que su estudio implica. Castilla y León será la comunidad autónoma más beneficiada de las trifulcas políticas periféricas, reconocimiento que está otorgando una dimensión social y económica sin precedente a esta comunidad autónoma.

El Gallego, el Catalán y el Vasco son idiomas que en su variedad otorgan una riqueza cultural a España envidiable. En Gallego y en Catalán, fundamentalmente, se han escrito obras que ocupan los más elevados altares de la creación literaria y ojalá domináramos estos idiomas para disfrutar de grandes poetas en "versión original". El problema se plantea, por lo tanto, no por la variedad, siempre enriquecedora, sino por la exclusión que muchos animan. La sinrazón es cortoplacista en política, pero muy rentable para quienes hacen llamamientos a las vísceras de la gente, a los sentimientos que ciegan, y no a la cabeza, al entendimiento.

Dos noticias publicadas en los últimos días mueven a la reflexión, más allá de los votos que cada parte quiera captar. Una organización denominada Galicia Bilingüe ha recogido y entregado a las autoridades autonómicas 102.000 firmas de otros tantos ciudadanos que reclaman libertad lingüística, lo que significa el derecho de los ciudadanos a elegir el idioma en el que han de recibir la enseñanza sus hijos, sin sufrir la imposición de un reparto al cincuenta por ciento entre español y gallego.

Paralelamente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha rechazado la pretensión de una madre y ha dictado una sentencia que avala la "atención personalizada" en las escuelas para aquellos niños que no comprenden el catalán, idioma en el que se imparten las clases. La educación personalizada supone la garantía teórica de que el niño dispondrá a su lado de una persona que traducirá al español la lección que imparte el profesor en catalán para el conjunto de la clase.

Uno está convencido de que algún día estas dos noticias sonrojarán a más de uno, no ya por la cerrazón de quienes mantienen sistemas que no favorecen a nadie y perjudican a muchos, sino por la deriva de un mundo global del que serán apeados aquellos que se alejen de lo pragmático y eficaz. Idiomas excluyentes para futuros excluidos, eso es lo que promocionan los dirigentes políticos que ven en este dislate únicamente su propia supervivencia en el empleo.