En el pelotón de los pobres

Ha llegado la hora de racionalizar y adelgazar, y eso compete por igual a todas las administraciones, comenzando por el Estado y cayendo en cascada hacia las autonomías y los entes locales y provinciales.

Ahora que Castilla y León acaba de cumplir 26 primaveras, llega la hora de volver la vista atrás para reconocer logros y carencias. En este vigésimosexto aniversario del Estatuto de Autonomía hemos de admitir que el sentimiento de Comunidad sigue débil y quebradizo como una espiga, y que la cosecha de un cuarto de siglo de caminar juntos se antoja magra en comparación con las parvas colmadas de trigo de nuestros vecinos.

La Comunidad puede sacar pecho porque celebró sus bodas de plata con una renta per cápita semejante a la media de la Unión Europea, pero ese logro se debe más, en su tramo final, a la entrada de países pobres ex comunistas que a un tirón aislado provocado por las bondades del autogobierno.

Hay dos grandes preguntas de difícil respuesta a estas alturas de la autonomía. Una: ¿Los ciudadanos se identifican con la Comunidad? Y dos: ¿Estamos más cerca de las regiones ricas de España?

Castilla y León ha avanzado en todos los campos: en desarrollo, en ciencia, en comunicaciones, en enseñanza, en infraestructuras... pero en muchos terrenos el tractor regional llevaba una marcha más corta que la mayoría de las autonomías.

Este sistema de 17 ‘gobiernines' ha demostrado que puede funcionar, pero que resulta muy caro y sufre desequilibrios. Las regiones más ricas están cada vez más lejos de las menos desarrolladas. Y la administración en España ha engordado de forma monstruosa desde los primeros años ochenta porque la transferencia de materias de la estatal a la regional no ha ido acompañada de la desaparición de ministerios. Ahora, cuando arrecia la crisis, cuando se acabaron los años de la abundancia y el despilfarro, es cuando nos damos cuenta de los muchos gobiernos, juntas, diputaciones, ayuntamientos, parlamentos, cortes, plenos y corporaciones que mantenemos con nuestros impuestos.

Ha llegado la hora de racionalizar y adelgazar, y eso compete por igual a todas las administraciones, comenzando por el Estado y cayendo en cascada hacia las autonomías y los entes locales y provinciales.

Hay quien aboga por devolver al Gobierno central algunas competencias ya transferidas. No es una idea descabellada si evita la multiplicación por 17 de determinadas estructuras. Pero lo que sí urge, a la vista de la voracidad insaciable de los nacionalismos, es definir los techos competenciales y amarrar las materias exclusivas y el poder de gestión del Estado.

A los castellanos y leoneses nos interesa de forma especial porque necesitamos de un repartidor solidario de la riqueza y la inversión nacional. Cuantos más impuestos se transfieran y más capacidad de recaudación se otorgue a las autonomías, peor para los más pobres. Y nosotros, 26 años después, seguimos en el pelotón de los pobres.