Prevaricación y cohecho

Existe un alto grado de cinismo cuando regalos de este calibre, sean bolsos, joyas o trajes, suscitan tanto alboroto, porque el propio debate oculta la desvergüenza del auténtico cohecho y de la prevaricación absoluta

Dos magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Valencia han exculpado al presidente de aquella comunidad española por entender que los trajes que recibió como regalo no guardan relación con el pago de prebendas, contratos públicos u otras cuestiones que pudieran tipificarse como delito de cohecho. Un tercer magistrado sostiene, por el contrario, que "el cohecho impropio no requiere una relación de causalidad". La sentencia, con un marcador dos a uno, al margen de otras consideraciones más técnicas y que a los técnicos en la materia corresponde enjuiciar, plantea tres cuestiones fundamentales.

Una, sumamente grave, el juicio paralelo al que hemos asistido en algún medio de comunicación, que ha hecho de este asunto algo obsesivo. Hasta tal extremo, que recientemente un cualificado periodista del mismo grupo empresarial de comunicación se mostraba preocupado por la respuesta que pudiera existir en los lectores y oyentes ante una persecución que podría ser calificada de sectaria, habida cuenta del desprecio con el que trataba, que ignoraba, un asunto igualmente polémico, pero que afectaba a cargos socialistas y no del Partido Popular. Estos juicios paralelos, estas persecuciones obsesivas antes de conocerse el veredicto final de los jueces, pueden provocar daños irreparables. En algunos casos pueden llevar a empresas solventes a la ruina y a cientos o miles de trabajadores al paro. Se instala una sospecha, se dilata el asunto en los juzgados y los políticos, en un afán de salvar exclusivamente su cargo, no tienen reparos en propiciar daños irreversibles para otros.

La segunda cuestión que se plante entra dentro de la ética. ¿Debe aceptar regalos una persona que tiene entre sus obligaciones profesionales la defensa del bien social colectivo por encima de intereses particulares? Es decir, ¿han de aceptar regalos aquellas personas que representan intereses colectivos, sean alcaldes, concejales y consejeros autonómicos, ministros, periodistas o presidentes de juntas vecinales o de comunidades de vecinos?

Probablemente el lector estará pensando que el regalo forma parte de todas las culturas y de todos los tiempos. El regalo sirve para demostrar nuestro afecto hacia otra persona. La cuestión está, como alguien ha dicho también estos días, en que el regalo igualmente sirve para "ablandar corazones", y no solamente de la persona a la que se pretende enamorar.

En la misma tarea de persecución pertinaz, algún periódico denunció que la alcaldesa de Valencia, que pertenece al PP, al igual que Camps, había recibido como regalo un bolso, que en el caso de no ser de imitación, porque se da por hecho que ya todos se fabrican en China, tiene un precio de seiscientos euros, céntimo arriba o abajo. La cajera de un supermercado seguramente consideraría que es una desfachatez, que alguien reciba un regalo equivalente a su sueldo de un mes, también céntimo arriba o céntimo abajo.

Y tercera consideración. Existe un alto grado de cinismo cuando regalos de este calibre, sean bolsos, joyas o trajes, suscitan tanto alboroto, porque el propio debate oculta la desvergüenza del auténtico cohecho y de la prevaricación absoluta. Es decir, se aceptan regalos y se dictan medidas a sabiendas de que de ser conocidas entrarían de lleno en la ilegalidad. Ese sería el delito. Pero nadie se cree que en los asuntos de este calibre, recalificación de suelos rústicos o adjudicaciones de obras multimillonarias, el cohecho y la prevaricación se pague con bolsos y trajes. Si así fuera, seguramente que muchos ciudadanos estarían dispuestos a hacer un homenaje público a quien teniendo el poder de otorgar tan sustanciosos beneficios se conforma con un "detalle social".

Y en el fondo del asunto, la financiación de los partidos políticos. Porque lo grave es que la pantalla que sirve para el chantaje y el soborno son los partidos políticos, para los que se exige el dinero, la mordida. Después puede ser que todo el dinero entregado por el empresario llegue a las arcas del partido o que una parte se quede en manos particulares. Al fin y al cabo, estas transacciones se hacen sin recibo. Comentaba un alcalde que él no tenía reparos en pedir dinero para el partido a los empresarios con los que contrataba, si bien nunca pediría algo para sí mismo. La presunción de inocencia nos obliga a admitir que después este alcalde entregaba el cien por cien de lo recaudado al partido político al que estaba afiliado. De esta práctica no se salva nadie y por esta razón tampoco nadie presenta iniciativas parlamentarias para eliminarlas. Asistimos, pues, a un debate periférico, que se queda en la epidermis de un cuerpo más corrompido.