Respeto en las aulas

Una iniciativa de la comunidad de Madrid reabre el debate sobre la necesidad de implantar cánones de respeto en las aulas, más allá de la consideración del problema como asunto penal

El debate público suscitado tras haber decidido la Comunidad de Madrid otorgar a los profesores por ley la condición de autoridad, evidencia que existe un problema grave en España al que no es ajena ningún de sus 17 comunidades autónomas. El deterioro de la disciplina en las aulas no es algo nuevo, pero hasta ahora todo se ha reducido al lamento de los profesores y al pasotismo de la mayoría de los padres en medio de la indiferencia de los partidos políticos, que no han sabido atajar el problema. Se ha recordado a raíz de esta iniciativa que la Fiscalía General del Estado en diciembre del año 2008 ya hizo pública una circular en que la se consideraba a los médicos y a los profesores autoridad a efectos penales. De esta forma se ha pretendido preservar la integridad física de estos profesionales. La consideración de autoridad presupone para el infractor la posibilidad de enfrentarse a penas de cárcel de dos a cuatro años, al tiempo que se otorga a la "autoridad", por su condición de tal, prevalencia a la hora de dilucidar la veracidad en caso de confrontación de criterios.

La medida, que tiene de controvertida todo lo que se deriva del debate partidario, ha sido respondida desde muchos frentes, pero tal vez la voz más sensata la haya levantado Mercedes Coloma Miró, presidenta de la Cofaca, para quien el reconocimiento de la autoridad del profesor "debe empezar en la familia, porque es muy difícil exigir al alumno que respete al profesor en el aula si no respeta a los padres en casa".
Para otras organizaciones, esta medida supone volver a la "vara de avellano", a la vieja práctica de la bofetada siempre injustificada.
El ministro de Educación no ha descalificado la iniciativa, pero entiende que el asunto ha de abordarse dentro de un plan integral y no desde una óptica que puede pecar de simplista, que tiende a criminalizar a unas de las partes. Seguramente a todos los implicados en el debate les asista la razón, pero esa circunstancia no puede ocultar que existe un problema que necesita soluciones, cuanto antes.

Tal vez la cuestión radica en que con frecuencia en España somos víctimas y cómplices de la ley del péndulo. La letra con sangre entra no era una metáfora, sino una norma habitual de conducta del profesor en tiempos no tan remotos. La imagen del maestro violento permanece en el recuerdo de muchos padres. El instituto de protección del clan ha podido llevar a aquellos alumnos, hoy padres, a una posición radicalmente contraria, en la que ante cualquier conflicto se le otorga credibilidad absoluta al hijo-alumno y se condena sin paliativos, sin margen a la duda, la conducta del profesor.

En todo caso, todos coinciden en reconocer una realidad que es necesario modificar. Existe una violencia psíquica contra el profesor que se fragua en un clima de permisividad. Seguramente en muchos casos sea debido a que el profesor carece de "carácter" o de liderazgo, y que esto explica que los mismos alumnos respeten a un docente y hagan chuflas inmisericordes al que da la clase siguiente. El primero tiene autoridad moral más allá de la que le pretende otorgarle la ley en el ámbito penal. Pero precisamente las leyes están para igualar a los que son desiguales.

Hay que erradicar cifras estadísticas que resultan escalofriantes. El 43% de los profesores afirma haber sufrido algún daño psíquico. Uno de cada tres profesores padece síntomas de angustia y un porcentaje similar necesitan tratamiento por depresión. El 12% han denunciado agresiones físicas, en un ochenta por ciento a manos de los alumnos y en el 17% de los padres.

Parece evidente que la sociedad se haya ante un problema que no es sólo político y que no será posible solucionarlo partiendo exclusivamente de los diferentes boletines oficiales. Pero no es menos cierto que los expertos en estos asuntos no han de descansar en la búsqueda de soluciones, medidas que permitan llevar a las aulas respeto, reconocimiento de la autoridad moral de quien enseña, y todo eso desde la atención a los legítimos derechos de los estudiantes, profesores y padres.