El tercer sector
¿No merece la pena promover una reforma que elimine trabas, en orden al interés general?
Es precisamente ahora, en esta época de crisis económica generalizada y profunda, cuando se hace necesario llamar la atención de los poderes públicos para que no caiga en el olvido el denominado tercer sector. Es decir, el papel tan importante que pueden y deben desempeñar las fundaciones, el mecenazgo, en el ansiado proceso de recuperación de la economía.
Y es preciso, a mi juicio, porque es efectivamente el tercer sector uno de los termómetros que mejor mide el grado de fortaleza de una sociedad, generalmente adormecida por la creciente tentación de los poderes públicos a ocupar el espacio que corresponde a la libertad de las personas, con la aparentemente buena excusa de proteger sus derechos fundamentales.
Las cerca de nueve mil fundaciones que operan en España -con fines muy distintos, pero vinculados todos ellos a objetivos solidarios- al amparo del artículo 34 de la Constitución, son la expresión de la gran sensibilidad ciudadana por lograr sus propios ideales en beneficio de los demás.
Sin embargo, lamentablemente, ese gran potencial, que tanto impacto puede tener en el proceso de recuperación de la economía, avanza lentamente con el freno de mano echado, a causa fundamentalmente de una intensa y equivocada regulación de la fiscalidad. Porque es evidente, como ya han demostrado otros países -muy especialmente de Estados Unidos-, que los beneficios económicos y sociales que ofrecen las fundaciones generan una rentabilidad económica y social muy superior a la de los recursos obtenidos por la hacienda pública.
Así, mientras en España -y en general, en Europa- el marco legal se limita las donaciones de las personas físicas y jurídicas al 10% de la base liquidable o imponible, y se fija en el 25% o el 35% de la donación (según sean personas o empresas) el máximo de la deducción fiscal posible, en Estados Unidos se liberan de impuestos las cantidades donadas. En consecuencia, las fundaciones norteamericanas aportan grandes sumas a universidades o a fines solidarios, lo que permite generar enormes beneficios económicos y sociales, mientras que la fiscalidad española restringe extraordinariamente este tipo de iniciativas, reduciendo al mínimo el impacto efectivo de las iniciativas que desarrolla el tercer sector.
¿No merece la pena promover una reforma que elimine trabas, en orden al interés general?