Segregación en las aulas

22/09/2011 - Inmigración - El Norte de Castilla -

La alta concentración de alumnos de minorías étnicas e inmigrantes en ciertos colegios de la capital ha llevado a algunos de ellos a convertirse, en los últimos años, en auténticos centros de segregación.

En esta disyuntiva, la Asociación de Vecinos de la Pilarica y la Federación de Asociaciones Vecinales Antonio Machado han denunciado la situación de los colegios de este barrio de Valladolid. Estos grupos, que han llevado su descontento ante el Procurador del Común, se quejan de que, en los centros de Educación Infantil y Primaria de la zona (y con ello se refieren a los colegios públicos, Antonio Machado y Gabriel y Galán) todos los alumnos matriculados en el curso pasado eran de familia inmigrante o pertenecientes a minorías étnicas (y la situación es similar en el curso entrante). Además están seguros de que esta situación se extiende a muchos otros centros educativos de la ciudad.

Consideran que estos hechos atentan contra los principios de la LOE, que aseguran una  educación de calidad para todos los alumnos independientemente de sus circunstancias, que nunca deberían servir para enfatizar las desigualdades culturales y sociales, y atentan contra el espíritu integrador de la Ley.

Denuncian que la educación obligatoria camina hacia una peligrosa división ente una educación privada cada vez más elitista y una educación pública que segrega a las clases marginadas. Además les preocupa que la sociedad normalice cada vez más estas situaciones en vez de denunciarlas.

Plantean también que, en los colegios con gran número de alumnos pertenecientes a ciertos grupos sociales, disminuye la matriculación de otros niños, ya que el resto de la población rehúye inscribir a sus hijos en dichos centros, por lo que el número de alumnos de estas minorías aumenta. Esto sumerge a estos colegios en una espiral de desprestigio injustificado (pero efectivo).

Desde la Administración no se proponen soluciones, salvo aumentar las plazas en centros concertados, lo que continúa enfatizando estas desigualdades.

El Procurador del Común ya ha dictado una resolución en la que insta a la Administración educativa a intervenir activamente, ya que considera que en estos casos "la intervención de la Administración Educativa está llamada incluso a restringir el derecho a la libre elección del centro educativo, para conseguir una distribución más equitativa del alumnado de origen inmigrante y socioculturalmente desfavorecido ente los distintos centros docentes sostenidos con fondos públicos".

La Consejería de Educación no se ha pronunciado todavía, ya que dice haber transmitido al Procurador su respuesta a la resolución y que no harán declaraciones hasta que se produzcan novedades en el asunto.

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